[EDITORIAL] El necesario reconocimiento de la inversión local, realizada por la empresa privada en el territorio, como un gasto necesario para producir la renta permitiría generar mayores certezas, tanto a inversionista como comunidades.
Para hacer realidad la sostenibilidad de las inversiones, es fundamental establecer relaciones de largo plazo con las comunidades presentes en los territorios y realizar procesos de relacionamiento temprano que permitan construir una visión compartida del territorio en conjunto con su desarrollo.
Una vez definido lo anterior, es vital avanzar en el establecimiento de los diversos mecanismos que contribuyan a la concretización de este desarrollo y en el rol que tienen los distintos actores en el territorio. Entre estos mecanismos, las inversiones públicas y privadas son esenciales porque permiten hacer tangibles elementos como la provisión de bienes públicos, empleo y capacitación.
Al respecto, las empresas han tenido un rol importante en la promoción de inversiones en el territorio, muchas veces en zonas aisladas o en contextos de alta pobreza y vulnerabilidad contribuyendo de esta manera al desarrollo sostenible del país. Es por ello, que resulta importante destrabar ciertas barreras que aún persisten para progresar en este camino. Una de ellas es la dificultad para avanzar hacia el reconocimiento de la inversión local que las empresas realizan en el territorio como un gasto necesario para producir la renta. El no reconocimiento de este, dificulta la inversión en los territorios y que se traducen en beneficios para las comunidades.
Por ello, creemos deben buscarse mecanismos que permitan avanzar en esta materia. Una primera solución, podría ser la utilización de instrumentos ya disponibles como, por ejemplo, una circular del Servicio de Impuestos Internos (SII) que autorice a las empresas a efectuar aportes para el desarrollo. Si bien, esta es una medida posible, nos parece una acción provisoria que no asegura su permanencia en el tiempo, resultando una solución que entrega pocas certezas al inversionista y a las comunidades, pues dependerá siempre de la voluntad de la autoridad de turno.
Por lo tanto, se hace necesario buscar soluciones que nos permitan generar mayores certezas en el tiempo. Creemos, entonces, que una opción concreta que nos permitiría avanzar en esta línea es el necesario reconocimiento a esta inversión que debería estar específicamente consagrado a nivel de rango legal en la ley de impuesto a la renta.
Esta solución no sólo beneficiaría a las empresas, al reconocer el gasto realizado en el territorio, sino también a las comunidades, ya que permitiría dar mayores certezas respecto a las inversiones de largo plazo comprometidas, contribuyendo de esta manera, a alcanzar el desarrollo sostenible de los territorios.
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