[EDITORIAL] El que nuestro país sea el próximo anfitrión de la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP25) representa una oportunidad única para discutir y abordar temáticas locales urgentes como la gestión de nuestros recursos hídricos frente a un escenario adverso de Cambio Climático.
El aumento de la temperatura promedio del planeta que ya hoy percibimos genera diversos impactos en todo tipo de recursos y sectores productivos a nivel global. Se espera que estos efectos vayan en aumento conforme la temperatura siga su curso al alza, la que debiera alcanzar un aumento de 3°C a 6°C al 2100 de no tomarse las medidas necesarias. Según el último informe del Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC) de octubre de 2018, ya un incremento de 1,5°C tendría impactos significativos en la magnitud de las precipitaciones, la frecuencia de sequías y eventos climáticos extremos, y la pérdida de biodiversidad, con los consiguientes efectos en salud, calidad de vida, seguridad alimentaria, crecimiento económico y abastecimiento hídrico para la población.
Bajo este escenario el análisis de riesgos climáticos es esencial, no sólo en relación a la caracterización de los escenarios futuros, sino que también respecto de las acciones e instrumentos que se deben poner en marcha para adaptarse a la nueva realidad climática. Los escenarios climáticos disponibles a la fecha para Chile, proyectan un aumento de la temperatura en gran parte del territorio nacional, con un gradiente de mayor a menor, de norte a sur y de cordillera a océano[1]. Se espera por tanto que el mayor calentamiento se observe en la zona del Norte Grande y en altura. Por otro lado, la tendencia en precipitación anual varía dependiendo de la región y el período considerado. Según reportes del Ministerio del Medio Ambiente[2], que proyectan impactos a nivel comunal al 2050, en la zona norte hasta Copiapó no se esperan variaciones significativas en las precipitaciones, mientras que hacia el sur se proyectan descensos cada vez mayores, entre un -7% y -17%, situación que tiende a revertirse hacia la zona austral del país.
Lo anterior, puede afectar significativamente la disponibilidad futura de recursos hídricos para todos los usuarios, situación que surgió como una de las principales preocupaciones para la ciudadanía durante los Diálogos Sectoriales que efectuó el Ministerio del Medio Ambiente durante el 2018, en el marco del proceso de elaboración del anteproyecto de la Ley de Cambio Climático. En este sentido, se esperan impactos de consideración para el consumo humano, la agricultura, la biodiversidad y por supuesto, para la generación eléctrica. Respecto a este último, existen análisis por parte del Ministerio de Energía[3] de cuencas específicas como las de los ríos Maule, Biobío y Toltén que proyectan disminuciones de hasta un 30% en el largo plazo (2100) ante escenarios pesimistas.
En vista de lo anterior, es necesario plantearse cuáles serán las estructuras de gobernanza, instrumentos y acciones que nos permitirán hacer frente a un escenario de Cambio Climático cada vez más presente. En relación a la gobernanza es deseable capitalizar la oportunidad que brinda la futura Ley de Cambio Climático y proponer instancias que: (i) incidan de manera transversal al más alto nivel; (ii) representen y articulen de manera efectiva a diversos actores para la elaboración de diagnósticos compartidos y la generación de propuestas de acción y adaptación climática; (iii) y sea un espacio para la generación de consensos de largo plazo de forma tal de alinear a los actores en pos de un objetivo común. Respecto a esto último, puede ser conveniente aprovechar el proceso de actualización de nuestra Contribución Determinada a Nivel Nacional para incorporar metas de adaptación de largo plazo en relación a los recursos hídricos que orienten las acciones, tanto del sector público como privado, e indicadores que permitan hacer un seguimiento del grado de cumplimiento de dichas metas.
En materia acciones e instrumentos de adaptación, es importante tener una visión global que apunte a soluciones integrales que vinculen a diferentes usuarios del recurso (p. ej. embalses multipropósito). En este sentido, el Plan de Adaptación de Recursos Hídricos, que se desarrollará bajo la dirección del Ministerio de Obras Públicas en coordinación con el Ministerio del Medio Ambiente, ofrece una oportunidad única para diseñar un completo plan multisectorial de adaptación, con programas y soluciones específicas para cada macrozona de acuerdo con sus riesgos hidrológicos particulares, algunos de los cuales, además, pueden ser riesgos de alcance nacional, como la disminución de la generación hidroeléctrica.
[1] Rojas, M., (2012). Estado del Arte de Modelos para Investigación del Calentamiento Global.
[2] Ministerio del Medio Ambiente (2016). Tercera Comunicación Nacional de Chile ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático.
[3] Ministerio de Energía (2016). Estudio de cuencas. Análisis de las condicionantes para el desarrollo hidroeléctrico en las cuencas del Maule. Biobío. Toltén. Valdivia. Bueno. Puelo. Yelcho. Palena. Cisnes. Aysén. Baker y Pascua.
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