Evaluación ambiental y permisos: compromiso del Estado con la carbono neutralidad

[Editorial] La transición hacia una matriz de generación de energía eléctrica más sostenible es crucial para lograr la carbono neutralidad en nuestro país. Sin embargo, para alcanzar esta meta, es imprescindible cumplir con ciertas condiciones habilitantes. Entre ellas, podemos destacar la importancia de contar con un Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental y con procedimientos de emisión de permisos sectoriales conscientes y en coordinación con los dos objetivos.

Como Generadoras de Chile representamos a los principales operadores renovables del país y que están liderando el desarrollo de un potencial de 23.000 millones de dólares de inversión en generación solar, eólica, almacenamiento e hidrógeno verde, por lo que consideramos que comenzar a abordar este tema mediante la especialización de la evaluación ambiental de proyectos de generación eléctrica constituiría un primer paso significativo. Actualmente, todos los proyectos de inversión son evaluados por los mismos equipos regionales, con independencia del sector productivo al que pertenecen. Crear grupos de evaluación especializados en infraestructura de generación e infraestructura de transmisión permitiría desarrollar una expertise institucional que aportaría beneficios transversales para el sector. En efecto, una evaluación especializada no solo promueve el interés particular de los titulares de proyectos, quienes recibirían una atención técnicamente más calificada, sino también el interés público por una evaluación más rigurosa y efectiva.

En segundo lugar, es fundamental que el Estado asuma un rol más activo en la evaluación de proyectos eléctricos considerados clave para el desarrollo nacional. Para estos efectos, considerar la posibilidad de declarar ciertas infraestructuras como de interés nacional, dotándolas de un procedimiento especial para su evaluación y aprobación, aseguraría una adecuada atención y recursos necesarios para priorizar su evaluación y eventual implementación. Asimismo, el Estado asumiría una responsabilidad más activa en el desarrollo de la matriz energética del país, lo cual es consistente con las metas comprometidas.

Finalmente, resulta crucial reforzar la coordinación interministerial y entre servicios en la gestión de los permisos sectoriales. A pesar de que existen diversos diagnósticos sobre las zonas críticas que obstaculizan el cumplimiento de nuestras metas como país, la implementación de medidas efectivas sigue esperando. Por lo tanto, resulta urgente llevar adelante una agenda legislativa concreta y realista que aborde las principales trabas de la actual institucionalidad, modernizando su gobernanza para enfrentar los desafíos actuales y futuros de la industria de la infraestructura eléctrica en Chile.

Medidas como las propuestas contribuirán decididamente a avanzar en la transición hacia una matriz energética más sostenible y respetuosa con el medio ambiente, al mismo tiempo que se impulsa el desarrollo económico y social del país en el largo plazo.