[Editorial] El miércoles 13 de julio la Cámara de Diputados despachó para su promulgación por el Presidente de la República el proyecto de ley que busca estabilizar las cuentas de la luz y apoyar a usuarios vulnerables mediante la creación de un Mecanismo de Protección al Cliente y un Fondo de Estabilización y Emergencia Energética. El proyecto de ley busca evitar una situación no deseada por nadie: que a partir de julio las tarifas eléctricas se hubieran incrementado entre un 40% y un 45%, afectando las cuentas de las familias de nuestro país.
Tras un intenso trabajo legislativo, el proyecto aprobado define dos mecanismos de estabilización: el primero, corresponde al Mecanismo Transitorio de Protección al Cliente cuyo fin es evitar la inminente alza abrupta de las tarifas eléctricas para el segundo semestre de 2022 y, el segundo, define el Fondo de Estabilización y Emergencia Energética que busca estabilizar las tarifas para clientes regulados en el largo plazo. Este proyecto permite apoyar a las familias en vulnerabilidad energética y respeta las condiciones y plazos de los contratos de suministro licitados por el Estado Chile, sin distorsionar el mercado ni comprometer la necesaria inversión que debe concretar la industria de generación para viabilizar la transición energética y la misión de ser un país carbono neutral para el año 2050.
Como Generadoras de Chile participamos activamente del proceso legislativo, colaborando con una actitud propositiva con el Gobierno y el Congreso. Aportamos con respaldo técnico para poder llegar a una solución lo más adecuada posible para las circunstancias que enfrentamos, buscando proteger a las familias vulnerables y, a la vez, entregando certeza al sector generación para cumplir con los objetivos estratégicos antes mencionados.
La misión país que ha definido Chile de alcanzar la carbono neutralidad a más tardar el año 2050 ya cuenta, además, con un instrumento de obligado cumplimiento como lo es la reciente aprobación de la Ley Marco de Cambio Climático. Lo anterior es sin perjuicio de ser Chile, desde el año 2019, el primer país emergente en firmar un acuerdo público-privado vinculante de cierre de todas las centrales a carbón del sistema eléctrico antes de 2040. De hecho, gracias al acuerdo público-privado, a la fecha ya se han cerrado más 700 MW de capacidad, y a 2025 se espera dejen de operar o estén disponibles para retiro el 65% de la capacidad instalada (3,6 de 5,5 GW) de las centrales a carbón.
Este compromiso de carbono neutralidad requiere una profunda transformación del sector energético, posicionando como elementos esenciales la integración masiva de tecnologías renovables y la electrificación de los consumos. El sector generación, en el período 2020-2030, aportará con más del 60% de la reducción de emisiones de GEI de Chile. Así, retirar 5.000 MW de centrales a carbón implica desarrollar, al menos, 15.000 MW de capacidad solar y eólica adicionales, sólo para reemplazar su equivalente en energía.
El desarrollo de proyectos de generación eléctrica son inversiones de largo plazo e intensivas en capital, a una escala y velocidad inédita producto de la transición energética. Para poder concretar dichas inversiones, los proyectos de energías renovables deben obtener financiamiento en el mercado financiero nacional o internacional, lo que requiere asegurar la estabilidad de los flujos de pago, apertura económica, predictibilidad regulatoria y la confianza en las instituciones.
Durante el último tiempo el sector energético se ha visto fuertemente desafiado por diversos factores externos producto de la pandemia y agravados por la guerra rusa ucraniana, lo que ha resultado en mayores costos operacionales, de logística y de financiamiento de los proyectos. Pese a lo anterior, las empresas generadoras se han sobrepuesto a estas adversidades y continúan construyendo efectivamente la transición energética. Así podemos decir que, a junio de 2022, el 99,9% de los proyectos en desarrollo y calificación ambiental en el SEIA corresponden a centrales renovables, principalmente centrales solares fotovoltaicas, eólicas, hidráulicas e híbridas con almacenamiento.
De las circunstancias arriba señaladas y realizando una ponderación de las mismas en relación a los objetivos estratégicos que se ha fijado nuestro país, podemos señalar que el mecanismo de estabilización recientemente aprobado por ley cumple con su objetivo principal: evitar el alza abrupta de tarifas eléctricas a los clientes regulados y, a la vez, no afectar la transición energética y la descarbonización al dar certeza a la industria para la inversión. De esta manera, permite concretar los esfuerzos comprometidos en las inversiones en energías renovables, almacenamiento e hidrógeno verde a la velocidad y escala que exige la transición energética para el cumplimiento de los objetivos de carbono neutralidad.
Como gremio que representa a las empresas de generación eléctrica, que efectivamente están construyendo la infraestructura de energías renovables, almacenamiento e hidrógeno verde en Chile, mantenemos nuestro espíritu colaborativo y consistente con nuestro propósito. Seguiremos contribuyendo a las discusiones legislativas y regulatorias, promoviendo buenas políticas públicas y prácticas para el desarrollo, uso y generación de energía eléctrica en armonía con las comunidades y los territorios, para que de esta manera la electricidad juegue el rol central en la transición energética de nuestro país.
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