Energía y minería unidos para la transición energética

Chile y el mundo necesitan de la minería y, al mismo tiempo, necesitamos del mundo para continuar con el desarrollo de nuestras industrias, atrayendo el talento, financiamiento, inversión e innovación tecnológica junto a la industria local para acelerar la transición energética. Así, sales solares, cobre y litio, piezas claves para el almacenamiento y la electromovilidad, son una gran oportunidad para nuestra minería.

Luego de tres años de receso a causa de la pandemia, en junio se desarrolló la Exponor, muestra internacional que reúne a la industria minera y energética en Antofagasta con más de 40.500 visitantes.

La Región de Antofagasta se ha consolidado como la capital de la transición energética. Hoy, el 100% de los proyectos en desarrollo son renovables, y más de dos tercios de los proyectos en construcción a nivel país, lo que equivale a más de 2.500 MW de capacidad en construcción ubicados en esta zona.

En paralelo, el escenario energético local e internacional ha cambiado radicalmente. En 2021, en el centro y sur de Chile vivimos el año más seco de nuestra historia, antecedido de una década de sequía, una de las más inmediatas expresiones de la crisis climática. Asimismo, como consecuencia primero de la pandemia y luego agravada enormemente por la invasión rusa a Ucrania, se ha desatado una crisis que ha generado shocks de precios de la energía, golpeando a todas las economías del mundo. A eso se suman las dificultades en la producción y logística de insumos para construir las nuevas centrales renovables, que han aumentado los costos y tiempos de desarrollo, junto con un alza en los costos de financiamiento.

La guerra en Ucrania ha desatado en algunos sectores el miedo de verse en la disyuntiva de elegir entre seguridad energética o mayor ambición climática. Sin embargo, estamos convencidos que, a pesar de los impactos de corto plazo, habrá una aceleración de la transición energética y eso es una oportunidad para Chile.

En 2018 hicimos un acuerdo del retiro del carbón, y hemos visto cómo ese plan se ha ido acelerando y el compromiso sigue firme. En este proceso, la industria minera ha jugado un papel fundamental, impulsando el reemplazo de contratos en base a carbón por contratos de suministro renovables.

Tras dos años de tramitación se publicó la Ley Marco de Cambio Climático, con amplio consenso político que la sitúa como una política de Estado fundamental y que traza una hoja de ruta hacia la carbono neutralidad. En la primera década de aquí al 2030, el 60% de la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero del país vendrá del sector generación, gracias al retiro del carbón y la inserción de las energías renovables.

Los grandes desafíos vendrán luego de la descarbonización de la demanda de energía en transporte, industria y vivienda. De hecho, después del transporte, la minería es el segundo mayor emisor, si consideramos los combustibles fósiles que consumen directamente y del suministro de electricidad. En ese escenario, la electrificación y renovables, y sus derivados como el hidrógeno verde, jugarán un rol central para alcanzar una “minería verde”. No debemos olvidar que hoy en Chile casi el 60% de la demanda final de energía sigue siendo de derivados del petróleo.

Solo para retirar el carbón necesitaremos invertir más de 20 mil millones de dólares en nueva generación. Además, resulta fundamental el desarrollo de las condiciones habilitantes, como una transmisión más oportuna y robusta, o el almacenamiento de energía para abordar la variabilidad de las fuentes solar y eólica, lo que se estima en otros 10 mil millones de dólares. Sostener este ritmo de inversión requiere cuidar la confianza en las instituciones y apertura económica de Chile, como también una adecuada colaboración entre Estado, en particular en ámbitos como la gestión de permisos para un desarrollo más acelerado, sin que ello signifique rebajar el estándar de evaluación de los proyectos. Y estamos confiados que así será.

Todo lo anterior requiere que los proyectos sean también una buena noticia para las comunidades y territorios. Necesitamos un alto estándar de inversión, diálogo temprano y vínculo permanente con las comunidades, los proveedores y contratistas, los gobiernos locales y el gobierno regional, buscando crear valor compartido de largo plazo y una exigente gestión y medición del impacto socio ambiental. Solo así podremos tener una transición realmente justa y sostenible para todas y todos.