El desafiante nuevo contexto para una transición energética justa, sostenible y segura

[Editorial] Múltiples actores locales y globales han destacado el gran valor que ha aportado el sector de generación eléctrica a la transición energética y desarrollo sostenible de Chile y sus territorios en lo social, ambiental y económico, así como también a su reactivación económica en el contexto de pandemia. Según el índice de calificación de riesgo país de Bloomberg, Chile se encuentra en segunda posición a nivel regional como la economía más estable para invertir. Según el mismo medio, la estabilidad jurídica, apertura comercial, mercados competitivos y la excelente calidad de recursos renovables con los que cuenta Chile, posicionan al país como la mejor economía emergente de las Américas para invertir en energías renovables.

A marzo de 2022 hay 9,9 GW de capacidad de proyectos de generación renovable en calificación ambiental, los cuales representan más de 9.900 millones de dólares de inversión directa. A lo anterior se suman 5,1 GW de capacidad de centrales renovables en construcción, las cuales totalizan 6.700 millones de dólares de inversión.

Si bien somos una industria que está al centro del desarrollo y recuperación sostenible a través de inversión e innovación para la transición energética, la evolución del contexto energético y macroeconómico tanto local como internacional en los últimos dos años está imponiendo profundos cambios en las condiciones en las cuales se desenvuelve el sector. En este nuevo escenario, debemos poner especial atención en las condiciones que permitirán continuar con la transición energética y con el importante aumento en la diversidad de actores que ha logrado la industria, manteniendo el flujo de recursos necesarios para la inversión en generación renovable, transmisión y almacenamiento energético al servicio de las personas.

Una de las primeras dificultades que la industria de generación está viviendo tiene relación con los impactos económicos que han causado las significativas alza de los precios de los combustibles importados desde 2019 a la fecha. Por ejemplo, en este periodo el precio del carbón térmico API4 aumentó en un 242%, el del petróleo Brent en un 53% y el del gas dutch TTF en un 600%. Todas estas alzas han sido consecuencia de los impactos de la pandemia en las cadenas de producción y logística de transporte, a lo que se ha sumado con mucha fuerza la disrupción generada por la invasión de Rusia a Ucrania.

A lo anterior se agrega la intensa sequía por la que atraviesa el país. El 2021 fue uno de los años más secos de los que se tienen registros, antecedido por una década de sequía, por lo que la gestión de los recursos hídricos para la generación eléctrica se ha visto muy afectada. Para poner esta información en perspectiva, el 2021 hubo una disminución de un 20% de generación hídrica respecto a 2020 y un 26% respecto a 2019. Además, de acuerdo con la información del Coordinador Eléctrico Nacional, desde diciembre de 2021 los caudales afluentes que alimentan las principales centrales hidroeléctricas del Sistema Eléctrico Nacional se encuentran por debajo de los caudales mínimos semanales de toda la historia desde que se tienen registros. A su vez, para el año 2022 tanto la NASA como la Dirección Meteorológica de Chile han anunciado que habrá persistencia del fenómeno de la Niña, lo que pronostica nuevamente menores precipitaciones para este invierno que se avecina.

Dadas las condiciones de escasez hídrica, los crecientes niveles de congestión en el sistema por falta de capacidad de transmisión eléctrica y la dificultad para desarrollar nueva infraestructura, ha sido necesario utilizar de manera extraordinaria unidades de respaldo en base a diésel, lo que se ha visto directamente reflejado en alzas significativas en los costos marginales del sistema eléctrico. Por ejemplo, de 2019 a fines de 2021 el costo marginal promedio anual aumentó en 26 USD/MWh, resultando en un incremento de los costos de operación del sistema eléctrico de más de 2.000 millones de dólares al año. Si bien estas alzas en los costos de operación del sistema eléctrico no afectan directamente al cliente final, son las empresas de generación eléctrica las que deben absorber esos aumentos de costos, y continúan cumpliendo sus compromisos contractuales y protegiendo a los clientes de las diferencias entre los costos de la energía eléctrica en el mercado mayorista y las tarifas finales.

A pesar de la disminución de los recursos hídricos, una correcta gestión del agua embalsada puede entregar seguridad a la operación del sistema. En base a esta premisa, se dictaminó la creación de la reserva hídrica en la última modificación del decreto de racionamiento. Si bien creemos que es un buen mecanismo para enfrentar la estrechez de energía del sistema eléctrico, la conformación de esta reserva también significa un costo adicional para las empresas de generación.

Junto con las exigencias para asegurar el suministro eléctrico, como sector estamos enfocados en contar con las condiciones adecuadas para el desarrollo de nuevos proyectos. Estos no sólo nos permiten acrecentar el desarrollo de energías renovables sino también aumentar y mantener un alto nivel de inversión en el país. Durante los últimos años, como consecuencia de la pandemia y crisis energética global, se ha visto un importante aumento de costos y/o disrupción de la producción y logística de insumos, además de una mayor dificultad de acceso y costos de financiamiento para el desarrollo de estas nuevas iniciativas.

En relación a lo anterior, como sector tampoco estamos ajenos a las condiciones macroeconómicas desafiantes que enfrentamos como sociedad. Muestra del nuevo escenario se ve reflejado en el cambio de indicadores económicos como el tipo de cambio promedio de 2022 que es un 7,3% mayor que el promedio de 2021 y un 15% mayor que el promedio de 2019 o el IPC promedio mensual que aumentó en los últimos dos años en un 0,9% (0,2% en 2019 vs 1,1% en 2022) y la tasa interés comercial casi duplicándose (5,7% en 2019 vs 10,1% en 2022).

En Chile tenemos el potencial para acelerar la transición energética y contar con los recursos necesarios para no reducir la inversión y su aporte al bienestar del país. Escuchando a la ciudadanía, comunidades, naturaleza y a la ciencia, con políticas de largo plazo y regulación que den certeza jurídica a las inversiones para acción climática de largo plazo, con metas concretas como la carbono neutralidad y con las herramientas disponibles y mejoras tecnológicas actuales, podemos dar un paso enorme en la dirección correcta. La industria está desafiada por muchos factores, donde además la urgencia climática nos exige continuar en esta senda y, por lo tanto, hay que cuidarla.

A pesar de estar frente a las condiciones más desafiantes que se hayan registrado en muchas décadas y la confluencia de muchos impactos de manera simultánea, como sector estamos comprometidos en seguir liderando la exitosa transición energética de nuestro país de manera justa, y avanzar en esta reactivación sostenible que vincula el desarrollo social, ambiental y económico con la necesaria creación de empleo, la descontaminación de las ciudades, la reducción de la vulnerabilidad energética y el camino a la carbono neutralidad en la lucha contra la urgencia climática.