La importancia de la participación y diálogo para construir agendas compartidas

(Editorial) En estos últimos cuatro años se avanzó con ajustes y reformas importantes en el sector eléctrico a través de mecanismos de diálogo y participación apropiados que han conducido a una discusión abierta y transparente entre los distintos agentes del sector, la academia, ONGs y de la sociedad civil.

En marzo del próximo año viviremos un nuevo cambio de gobierno en nuestro país. En estos últimos años el sector de energía, y en especial el de la electricidad, ha sido protagonista de la discusión política, social, ambiental y económica que se ha instaurado en todo nivel en nuestra sociedad. En 2014, el gobierno que asumía definió al sector energía como prioritario y se le encargó al Ministro de Energía establecer una agenda con metas y planes de acción concretos que tuvieran impacto de corto y largo plazo. Para lograr este objetivo se realizó un diagnóstico que fue consultado transversalmente a los distintos agentes del sector y, posteriormente, las soluciones planteadas en una hoja de ruta fueron desarrolladas considerando el resultado de procesos participativos, ya sea a través de consejos multidisciplinarios, mesas técnicas de trabajo y/o consultas públicas, es decir, a partir del diálogo y la participación junto al análisis técnico y el uso de evidencia.

Esta manera de enfrentar los desafíos en energía posibilitó eficazmente la identificación y desarrollo de importantes avances en el ámbito regulatorio que han facilitado, por un lado, el desarrollo de oferta de energía eléctrica sustentable, con un porcentaje creciente de energía renovable y económica, y por otro lado enfrentar la necesidad de la población por un servicio de calidad y precios más asequibles y equitativos. Sin perjuicio de lo anterior, no podemos dejar de tener presente que estos avances, visibilizados de manera más tangible a través de los resultados de las últimas licitaciones de suministro a clientes regulados, en donde los precios ofertados han bajado la barrera de los 50 US$/MWh; las ofertas mayoritariamente han sido respaldadas a través de proyectos de energía renovable variable; y en las que han participado un número significativo de empresas, no sería posible sin un nuevo escenario a la baja de los costos de inversión de las tecnologías de generación renovable variable solar y eólica, menores costos de combustibles y baja de la demanda eléctrica, entre los más relevantes.

De esta manera, las condiciones naturales del mercado se han visto potenciadas con las medidas y ajustes que el gobierno ha identificado e impulsado. Las licitaciones de suministro a clientes regulados es un claro ejemplo: el regulador ajustó el esquema de licitaciones, lo que favoreció aún más al despliegue de proyectos de generación solares y eólicos.

Así, esta preocupación por el sector ha coincidido también con cambios tecnológicos y agendas ambientales que plantean nuevas necesidades energéticas de la sociedad y una nueva forma de relación entre los usuarios y los proveedores de energía. Esta situación, casi histórica, nos desafía a preparar, más temprano que tarde, las condiciones habilitantes para el desarrollo eficiente y sostenible de estos nuevos escenarios futuros, en donde el uso de electricidad debiera consolidarse en la mayoría de los sectores productivos de nuestra economía.

En estos últimos cuatro años se avanzó con ajustes y reformas importantes en el sector eléctrico, queriendo dar respuesta a barreras e imperfecciones detectadas y sobre las cuales existía un diagnóstico compartido, junto con adecuarse a los cambios y desarrollos tecnológicos de los últimos tiempos. Así, lo más importante de los cambios fue la forma en que toda esta gestión se fue concretando: bajo mecanismos de diálogo y participación apropiados que han conducido a una discusión abierta y transparente entre los distintos agentes del sector, la academia, ONGs y de la sociedad civil. Esperamos que esta dinámica de participación continúe, se perfeccione y consolide en las futuras administraciones, de manera de permitir al sector seguir avanzando, profundizando la confianza y colaboración en el desarrollo de políticas públicas en un contexto de transición energética y cambios cada vez más rápidos.