La hora de la red

[Columnista invitado] Javier Tapia - Director Ejecutivo de la Asociación de Transmisoras de Chile.

Durante el último tiempo, el sector eléctrico ha centrado sus esfuerzos en hacer más verde la matriz de generación. Para ello, por años se han implementado acuerdos transversales y políticas públicas de fomento que han permitido que las energías renovables, particularmente la solar y eólica, crezcan exponencialmente en participación. Su capacidad instalada a abril de 2022 es de alrededor de 18.400 MW y su aporte representa casi un 46% de la energía eléctrica generada a nivel nacional, aumentando su producción anual de 22,4 TWh en 2010 a casi 35,9 TWh en 2021¹.

Estas prometedoras cifras de seguro seguirán aumentando en los años venideros, especialmente gracias a las políticas de descarbonización que se están impulsando desde diversos sectores, lo nos permitirá contar con energía cada vez más limpia en el territorio nacional. ¿Una buena noticia? Qué duda cabe. Los incentivos han estado bien puestos y los esfuerzos han dado frutos.

Pero esa energía debe llegar, a tiempo y con calidad, hasta donde se requiere su uso —que, por lo demás, se proyecta como cada vez más intenso— y ello hoy no está ocurriendo. El retraso en incorporar nueva infraestructura de transmisión está poniendo en jaque las ambiciones del país y está produciendo que buena parte de la energía limpia “se pierda”.

Para que los proyectos avancen, el esfuerzo privado por sí solo es insuficiente. Por supuesto, las empresas deben estar a la altura de las circunstancias, cumpliendo los más altos estándares medioambientales y sintonizando con las comunidades, integrándolas de forma temprana al diálogo y dando respuesta a sus legítimas preocupaciones, de forma tal que los proyectos sean una buena noticia para los lugares donde se inserten. Hacer esto realidad es nuestro compromiso.

Pero el desarrollo de la transmisión necesita, ante todo, un fuerte y decidido apoyo público que permita acelerar el tranco, tal como tan exitosamente se ha hecho en generación. Este apoyo debe traducirse en señales explícitas y concretarse en un buen plan de acción. En los proyectos de infraestructura, el Estado es quien tiene la responsabilidad de planificar, anteponiendo siempre la seguridad del sistema como objetivo central y último.

Lo que urge hoy es que se definan con claridad los objetivos y medidas de corto, mediano y largo plazo que nos permitan hacer frente a los desafíos actuales y evitar, a la vez, que la situación de estrechez vuelva a repetirse. Se debe adecuar la normativa, para que haga eco de las complejas realidades que deben enfrentar proyectos que cruzan muchos territorios, y fomentar políticas focalizadas en el desarrollo de infraestructura. De igual forma, se deben mejorar las señales de inversión —por ejemplo, que la valorización refleje los costos reales de las obras— y dar las certezas necesarias para que ella se materialice.

Ha llegado la hora de mover el foco de las políticas públicas y poner el desarrollo de las redes eléctricas en el centro del debate, de las acciones y de las señales. Solo ello permitirá que todos nos beneficiemos de una matriz limpia y avanzar hacia la construcción de una sociedad más electrificada.

Una versión previa de esta columna fue publicada en La Tercera el 1 de junio de 2022.

¹ Esto corresponde a toda la generación renovable del Sistema Eléctrico Nacional, incluyendo generación solar, eólica, geotérmica, hidráulica y biomasa.