La electricidad y el impulso renovable como condición para el desarrollo

[Editorial] En un año marcado por múltiples desafíos causados por la guerra de Ucrania, las repercusiones de la pandemia y eventos climáticos extremos, como son las prolongadas sequías, el sector eléctrico en Chile continúa avanzando en la integración de generación renovable y liderando todos los sectores económicos del país en la reducción de emisiones de GEI.

En 2022, la capacidad instalada de generación renovable aumentó de 17.355 MW a 20.057 MW, principalmente como resultado de la incorporación de 1.508 MW de capacidad de generación solar y 636 MW de capacidad de generación eólica.

Por otro lado, en 2022 se llevó a cabo el cierre de dos centrales a carbón, Bocamina II y las unidades 14 y 15 del Complejo Térmico de Tocopilla, lo que adelantó las salidas a 2024 que habían sido comprometidas en el acuerdo público-privado de cierre de centrales a carbón firmado en 2018. Tanto el avance en la integración de generación renovable como el retiro del carbón ha permitido reducir en un 30% la energía eléctrica producida en base a carbón respecto a 2021.

El resultado de esta transformación en la capacidad instalada del sistema eléctrico es que la participación de la generación renovable alcanzó un 56% de toda la energía producida en 2022, en contraste con un 46% del año 2021. Esta es la primera vez en 15 años que en el sistema eléctrico chileno la generación renovable —antes representada principalmente por la generación hidráulica y que hoy suma significativos aportes de generación solar y eólica— alcanza este nivel de participación.

El último IPOM del Banco Central indica que la inversión de nuestra industria liderará la recuperación de la inversión en 2023. Para poder sostener este impulso que, además de generar empleo y desarrollo local, contribuye a la reducción de emisiones de GEI del sector eléctrico y a alcanzar la meta de carbono neutralidad comprometida en la Ley Marco de Cambio Climático, será imprescindible que se entreguen las señales adecuadas para el desarrollo de todas las condiciones habilitantes que permitirán seguir impulsando el desarrollo renovable en el país, incluyendo el almacenamiento, la transmisión, la permisología de proyectos, el relacionamiento comunitario, y el diseño de mercado y su regulación.

Para el desarrollo de almacenamiento será necesaria una oportuna implementación de la Ley de Almacenamiento, promulgada en noviembre de 2022, y también definir el tratamiento de la potencia de suficiencia de estas tecnologías en el reglamento de transferencias de potencia. Se valora además que entre las recomendaciones incluidas en el informe de la mesa de diálogo público-privada del mercado de corto plazo de la CNE se acogiera en su agenda de trabajo la propuesta de habilitar a centrales renovables con almacenamiento a realizar retiros del sistema. Medidas como estas permitirán avanzar en un desarrollo y uso eficiente de los sistemas de almacenamiento en el sistema eléctrico.

Desde el punto de vista de la transmisión, será relevante conocer las ideas matrices del anteproyecto de ley de promoción de la transición energética que anunció el Ministerio de Energía. Lo anterior sin dejar de lado el óptimo uso de la capacidad de transmisión existente, aprovechando los últimos desarrollos tecnológicos disponibles.

Un adecuado y oportuno desarrollo de proyectos para la transición energética también exige un esfuerzo importante de coordinación y gestión del Estado. Por ello, es fundamental para la velocidad y escala que nos exige la urgencia climática, optimizar los procesos de obtención de permisos sectoriales, y fortalecer la coherencia y predictibilidad en criterios de evaluación ambiental en los distintos servicios y regiones del país, sin que ello implique una rebaja en los estándares ambientales.

Otra condición habilitante para seguir promoviendo la inversión en el sector es mitigar los riesgos no gestionables por empresas de generación eléctrica, incluyendo los costos financieros asociados a los mecanismos de estabilización de tarifas de clientes regulados. Para mitigar estos riesgos será clave una oportuna implementación de la ley de estabilización de tarifas para clientes regulados, lo que permitirá reducir los impactos financieros asociados a los plazos de implementación de la ley en las empresas y hacer un uso óptimo del fondo de estabilización.

Además, será relevante ver cómo se integran los principios de costo-efectividad, transversalidad y coherencia, planteados en la Ley Marco de Cambio Climático, en el diseño de las múltiples políticas públicas e instrumentos para la reducción de emisiones de GEI y fomento a energías renovables que están en fase de discusión o implementación (ej. el PdL que Impulsa la Participación de las Energías Renovables, el anteproyecto de ley de Impuestos Correctivos asociado a la Reforma Tributaria y la implementación de la Ley Marco de Cambio Climático). Estos principios rectores permitirán garantizar que las metas de reducción de emisiones de GEI comprometidas en la ley se cumplan al menor costo posible, mitigando posibles impactos en las tarifas de clientes finales.

Lo anterior no podrá alcanzarse sin una activa y acelerada colaboración público-privada, y un diálogo temprano y permanente con los territorios, buscando crear valor compartido, un renovado estándar de relacionamiento con proveedores y contratistas, con criterios de localización consensuados que sean armónicos con los territorios donde se insertan nuestros proyectos y con el desarrollo de capacidades locales, algo en lo que como Generadoras de Chile y nuestras empresas asociadas estamos trabajando con mucha dedicación, para que la energía y los proyectos de generación sean también una buena noticia para las comunidades de Arica a Magallanes.

Como planteó el Presidente Gabriel Boric en su discurso en el Encuentro Anual de la Energía Eléctrica: “Los estándares ambientales no pueden ser un obstáculo para el desarrollo, sino que son condición para el desarrollo.” Este será probablemente el trabajo más desafiante del 2023 y los próximos años: hacer que la transición energética, la electricidad y los proyectos de energías renovables sean una buena noticia para las familias y comunidades de Chile.