Los “obstáculos” en la tramitación de proyectos de inversión en Chile se han vuelto una regla en el último tiempo. La demora de los procesos ambientales, las protestas sociales y los trámites judiciales se han trasformado en un costo que todo los grandes desarrollos deben enfrentar en nuestro país.
Y dentro de ellos, las iniciativas energéticas son uno de los blancos favoritos de la oposición ciudadana. Así al menos lo demuestra un catastro elaborado por la Unidad de Inteligencia en Proyectos y Negocios (UNIP) que cataloga a 21 proyectos de este sector en etapa de “diferido”, es decir, que presentan un retraso en su cronograma original.
Según el organismo, estas iniciativas corresponden a cerca de un 10% de los proyectos del sector eléctrico —generación y transmisión—, los que totalizan una inversión “stand by” de US$ 3.385 millones (ver tabla).
¿La razón? Según el director de estudios y proyectos de UNIP, David Geller , “la mayoría de las iniciativas paradas son por temas ambientales y otros problemas con comunidades cercanas a los proyectos, aunque también puede existir alguno que se encuentre a la espera de un mejor momento para desarrollarlo”.
Geller también apunta que el número de proyectos detenidos ha ido aumentando en los últimos años aunque, eso sí, también han crecido las iniciativas presentadas en este sector. “De todas formas se nota que existe interés por invertir en energía. Chile es un país minero, sin embargo, los proyectos de esta industria son 140, mientras de los eléctricos superan los 200, eso es muy destacable, pese a algunos retrasos que se puedan evidenciar”, sostiene.
¿Por qué no está Castilla en el catastro de diferidos de la UNIP? Geller explica que pese a su judicialización, todavía se mantienen los cronogramas de inversión de acuerdo a lo informado por la empresa.
Generadoras: “Hay una mayor tendencia a recurrir a la justicia”
Como una situación “muy compleja”. De esta manera califican las compañías generadoras de energía del país los retrasos en la tramitación de los proyectos, en palabras del gerente general de la Asociación Gremial de Generadoras, René Muga.
“La judicialización es un síntoma de un problema relacionado al procedimiento de obtención de permisos. Hay una mayor tendencia a recurrir a la justicia cuando hay gente que no está satisfecha con los permisos obtenidos por proyectos de inversión de todo tipo, entre ellos, los energéticos”, detalla.
Preocupante en la visión de Muga, porque según simulaciones realizadas por la Comisión Asesora para el Desarrollo Eléctrico (Cade) cada año de atraso en el cronograma de inversiones del sector equivalen a un aumento del 20% en los costos de la energía.
Procesos extensos de tramitación que generarían incertidumbre en los inversionistas. “Finalmente, la justicia termina resolviendo la pertinencia o no de los permisos concedidos. Eso produce más incerteza, porque no sabes si es válido o no el permiso concedido”, sostiene.
Debido al retraso en la construcción de proyectos que debieran ingresar en operaciones durante el 2015 o 2016, Muga avizora un escenario complejo al mediano plazo. “La velocidad con que un proyecto se presenta a tramitación y termina conectándose para abastecer la demanda se han ido alargando. Eso es preocupante”, opina.
Por su parte, el director ejecutivo de Empresas Eléctricas, Rodrigo Castillo, cree que las trabas a las iniciativas nacen por “un cambio cultural profundo”, pero que es efectivo que “para realizar proyectos de inversión estamos enfrentando demoras que no estábamos acostumbrados”.
Convenio 169: “Se requiere mayor certeza de cómo se interpretará”
Otro “dolor de cabeza” para la industria son los alcances del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales, el que establece la obligatoriedad de consultar a los indígenas sobre cualquier intervención que pudiera afectarles. Así, bajo este argumento, se detuvieron los trabajos en el proyecto minero El Morro , liderado por Goldcorp y que involucra una inversión de US$3.900 millones en la zona de Huasco, Región de Atacama.
“Es una normativa que afecta a todos los sectores. Por eso, lo que se requiere es mayor certeza de cómo se interpretará el convenio 169 y cómo se cumple. Si es a través de la evaluación de impacto ambiental o bajo otra fórmula”, opina René Muga.
Y ejemplos de iniciativas eléctricas paralizadas por esta normativa existen, eso sí, de distintos tipos. Uno de ellos es la llamada “Línea de Transmisión en Poste de Hormigón 110Kv Melipeuco-Freire” que fue detenida por la Corte de Apelaciones de Temuco y que actualmente se encuentra pendiente en la Suprema.
Pequeñas generadoras también se han enfrentado en tribunales por el convenio 169, tal es el caso de la minicentral hidroeléctrica Cayuqupil, ubicada en las cercanías de Cañete, que fue llevada a la Corte de Apelaciones para ser detenida, sin embargo, esta vez no fue acogida.
“El último fallo judicial que hace referencia al convenio 169 de la OIT denota que se debe tomar una decisión a nivel del Estado de cómo interpretar el convenio. Este fallo dejó que falta claridad sobre la interpretación”, apunta Rodrigo Castillo.
La velocidad con que un proyecto se presenta a tramitación y termina conectándose para abastecer la demanda se han ido alargando. Eso es preocupante”.
Fuente: La Segunda
