editorial
09/11/2021

Coherencia y relación de los instrumentos públicos: ECLP, PEN y PELP

[Editorial] Estos últimos meses hemos visto la presentación de una serie de instrumentos de política pública que entregan una visión de largo plazo para el país donde la energía juega un rol fundamental en términos de desarrollo nacional, fijando metas y objetivos específicos para ser abordados en períodos intermedios, pero con un horizonte y objetivo común: lograr la carbono neutralidad del país a 2050 mejorando la calidad de vida de las personas. Y el mayor aporte para lograr este objetivo: la energía, en particular la energía eléctrica.

Coherencia y relación de los instrumentos públicos: ECLP, PEN y PELP

Durante los meses de septiembre y octubre el Gobierno presentó tres instrumentos públicos en materia energética y climática: la Planificación Energética de Largo Plazo (PELP), el Anteproyecto de la Política Energética Nacional (PEN) actualizada y la Estrategia Climática de Largo Plazo (ECLP) para ser presentada en la 26a Conferencia de las Partes (COP 26) de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (UNFCCC) en Glasgow. Recordando que los principales consumidores de energía en Chile son el transporte (37%), la edificación (22%), la minería (21%) e industrias (17%) y las principales actividades emisoras de gases de efecto invernadero (GEI) con los datos actuales son la generación eléctrica (29%), el transporte (26%), la industria y minería (14%), la agricultura (11%) y la edificación (6%)¹, los instrumentos mencionados —ECLP, PEN y PELP— se han elaborado tomando esta información sectorial para el desarrollo de planes de largo plazo.

Desde lo macro, la ECLP presenta una mirada transversal de todos los sectores para lograr los objetivos planteados en cada instrumento e integra los avances en materias climáticas de las distintas carteras, construyendo desde iniciativas previas como el compromiso nacionalmente determinado (NDC) del país, el proceso participativo de la PEN y las estrategias sectoriales como la de hidrógeno y electromovilidad, pero además incorporando esquemas de gobernanza, planificación y metas intermedias para lograr la carbono neutralidad a mediados de siglo. De hecho, la ECLP se caracteriza por crear un marco de coordinación y responsabilidades sectoriales y territoriales para mantener el objetivo común, dejando a los sectores, regiones y comunas elaborar sus propios planes para definir contribuciones tanto de mitigación como de adaptación al cambio climático, tomando en cuenta sus conocimientos y experiencias específicas en la materia. El instrumento tiene 407 metas a nivel nacional y para el sector de generación eléctrica destacan: el retiro o reconversión del 65% de las unidades a carbón existentes en el país a 2025; alcanzar un 80% de generación en base a fuentes renovables a 2030; el retiro total del carbón de la matriz eléctrica a 2040 y que un 100% de la generación eléctrica del país provenga de energías renovables o energías cero emisiones a 2050. Por otro lado, la ECLP también fija los presupuestos sectoriales de carbono, que se entienden como la capacidad de emitir GEI para cierto sector en un período específico de tiempo, en este caso entre 2020 y 2030. Para la asignación de los presupuestos de carbono, la ECLP toma, por un lado, las emisiones asociadas a cada uno de los sectores y por otro, los esfuerzos de mitigación de los mismos. De esta manera el sector energía —comprendido como toda la quema de combustibles fósiles— es responsable de un 77,4% de las emisiones de GEI a nivel nacional², y representa el principal foco para fijar presupuestos más amplios, pero ambiciosos³, de manera de reflejar la realidad actual, pero también avances como la creciente incorporación de energías renovables y los compromisos ya adquiridos para el retiro o reconversión de centrales a carbón, además de la electrificación del transporte público, lo que se aprecia en la asignación sectorial de la tabla 1.
 

 

Tabla 1. Distribución de los presupuestos de carbono según la ECLP. Fuente: MMA, 2021


Por su parte, la PEN es el instrumento más importante para el sector energía porque traza lineamientos, metas y objetivos a 2050 que demarcan la acción del Ministerio de Energía que, en su propuesta actualizada, es más ambiciosa que la versión originada en 2015. Para el sector energía en general, el anteproyecto de la PEN actualizado fija metas de reducción de un 25% de las emisiones de GEI a 2025 y de un 60% a 2050 respecto al año 2018. Específicamente, para el sector de generación eléctrica las metas propuestas —las cuales alimentaron las metas establecidas en la ECLP— son las siguientes: 80% de generación en base a fuentes renovables para 2030, 100% de generación cero emisión a 2050 y la generación de espacios para el retiro o reconversión de la totalidad de las centrales a carbón al año 2030, dejando abierta la interpretación de las acciones específicas que se llevarán a cabo para este propósito. Adicionalmente y como meta complementaria, la PEN propone incorporar 2.000 MW de almacenamiento a 2030 y 6.000 MW a 2050. Otras metas relevantes para el sector eléctrico que establece la actualización de la PEN son: 100% acceso a electricidad para todos los hogares a 2030; 1 hora máxima de indisponibilidad de suministro eléctrico promedio en el país a 2050, apuntando a un menor nivel de dispersión de interrupciones a nivel comunal que en 2021; 100% del transporte público y taxis cero emisiones a 2040; 100% de las ventas de vehículos livianos y medianos nuevos cero emisiones a 2035 y 100% de digitalización de la red eléctrica a 2040.

Gran parte de estas metas fueron establecidas en base a un intenso trabajo técnico de modelación y análisis realizado bajo la PELP, la cual permitió simular escenarios para estudiar y prospectar escenarios futuros de estos objetivos, introduciendo algunas herramientas como la participación en la matriz energética del hidrógeno verde y la incorporación de un precio al carbono con una trayectoria escalonada creciente, lo que llevó a que en la PEN se incluyera una meta de alcanzar un valor de USD 35 por tonelada de CO₂ equivalente al año 2030. Uno de los resultados relevantes de la PELP 2023-2027 fue la identificación de polos de desarrollo de proyectos de generación renovable en las provincias de Antofagasta y Tocopilla, donde comunas como Taltal y María Elena respectivamente concentran enorme desarrollo de proyectos eólicos, solares y de almacenamiento, apuntando a un desarrollo proactivo y adecuado de infraestructura de transmisión para la incorporación de esta energía al Sistema Eléctrico Nacional. 

Sin perjuicio de los avances que han demostrado estas políticas con visión de largo plazo y las metas establecidas que han logrado un relativo consenso entre los actores que formaron parte de los procesos participativos, se identifican desafíos dadas las escasas herramientas concretas definidas que garanticen el cumplimiento de estas metas y compromisos en los plazos definidos. Una de las pocas herramientas mencionadas, incluida en la PEN, es la implementación de instrumentos de precio al carbono, incluyendo condiciones para discutir una trayectoria de precios que alcance valores de USD 50 a 80 por tonelada de CO₂eq a 2040, incorporada en los análisis de la PELP. Sin embargo, poco se analiza sobre los distintos escenarios requeridos para mantener la seguridad y resiliencia del sistema ante los nuevos escenarios climáticos y con alta participación de energías renovables variables, los que van a requerir de modificaciones regulatorias, nuevas inversiones, innovaciones tecnológicas y mayor eficiencia en los procesos del Estado para contribuir a que estas inversiones e innovaciones ocurran en tiempo y forma que la acción climática requiere.

Estos instrumentos son un importante aporte en la consolidación de una visión de largo plazo, sin embargo se necesita profundizar en los cambios y acciones, con una evaluación de sus impactos tanto negativos como positivos, que permitan identificar con claridad las condiciones habilitantes para lograr las ambiciosas metas propuestas. Es de vital importancia que se aborden estos desafíos con el debido debate y aporte técnico de expertos y la participación de los actores relevantes, industria, ciencia y sociedad civil, y, sobre todo, mantener el foco en contar con un sector eléctrico al servicio del desarrollo sostenible y la carbono neutralidad, de manera resiliente, confiable y asequible.

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