10/01/2019

Claudio Seebach: "Para la sostenibilidad de las inversiones en los territorios, es clave establecer relaciones de largo plazo con las comunidades".

Columna de Claudio Seebach publicada en la Revista del Colegio de Ingenieros. Disponible en este link

Claudio Seebach:

Reconocimiento legal a la inversión local: una medida necesaria para avanzar hacia el desarrollo sostenible de los territorios

En nuestra industria de generación eléctrica entendemos la sustentabilidad como el equilibrio entre el desarrollo productivo, un mayor progreso y bienestar social y el uso responsable de los recursos naturales. Esto implica, entre otros principios, concebir nuestros proyectos y operaciones con un enfoque de desarrollo inclusivo, tomando en consideración las opiniones, necesidades y desafíos de las comunidades, así como su cultura y sus formas de vida.

Es por ello, que somos conscientes de los posibles impactos que pueden generar nuestras actividades. Por esta razón, las empresas realizan un diálogo temprano y permanente con las comunidades en las cuales se insertan.

En consecuencia, cuando hablamos de sustentabilidad no nos estamos refiriendo exclusivamente a que los proyectos sean económicamente sustentables, sino también medioambiental y socialmente y, en este aspecto, es clave la relación con las comunidades. En efecto, para hacer realidad la sostenibilidad de las inversiones en los territorios, es fundamental establecer relaciones de largo plazo con las comunidades y realizar procesos de relacionamiento temprano que permitan construir una visión compartida del territorio en conjunto con su desarrollo.

Una vez definido lo anterior, es vital avanzar en el establecimiento de los diversos mecanismos que contribuyan a la concretización de este desarrollo y el rol que tienen los distintos actores en el territorio. Entre estos mecanismos, las inversiones públicas y privadas son esenciales porque permiten hacer tangibles elementos como la provisión de bienes públicos, empleo y capacitación.

Las empresas socias de Generadoras de Chile cuentan con proyectos en diversas regiones del país y han tenido un rol importante en la promoción de inversiones en el territorio, muchas veces en zonas aisladas o en contextos de pobreza y vulnerabilidad, contribuyendo, de esta manera, al desarrollo sostenible del país.

Este año, realizamos por primera vez el “Concurso Buenas Prácticas para un Futuro Eléctrico más Sustentable” donde invitamos a las empresas a mostrar de qué manera contribuyen en las comunidades en sus problemáticas y necesidades sociales. Y la mejor manera de poder representarlo de manera consistente fue vinculando estas acciones con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU.

El proyecto Cerro Pebellón de Enel, una de las empresas ganadoras de este concurso, dotó al pueblo de Toconce de suministro eléctrico. Se instalaron sistemas fotovoltaicos residenciales a 90 familias, contribuyendo de esta manera con acciones concretas para la mitigación del cambio climático, al reducir sustancialmente el consumo de diésel en la comunidad. Adicionalmente, se electrificó la posta local, lo que permitió aumentar los días de atención médica y ampliar la cobertura de patologías cubiertas.

En este caso, la mantención de los equipos y su financiamiento corresponde a un modelo de gestión centrado en la participación de la comunidad. Se estableció un Comité de Electrificación, el cual supervisa el correcto funcionamiento de gestión y un Comité de Mantención, responsable de las actividades que garantiza la operación. Los usuarios pagan una cuota mensual medida sobre su capacidad de pago.

Otra iniciativa ganadora fue el “Programa Espejos” de la empresa Cerro Dominador, en la región de Antofagasta, el cual tiene como objetivo la inserción de las mujeres en la construcción del proyecto a través de una política de contratación que buscaba compatibilizar el trabajo con su calidad de jefas de hogar y madres. Este programa tuvo como resultado índices de eficiencia y productividad que no se habían alcanzado en faenas en las que el desempeño había estado reducido exclusivamente al género masculino o en las que había inserción femenina reducida. Por ello, se está implementando también en la segunda etapa de construcción.

El proyecto Santiago Solar de las empresas EDF y AME, otro de los ganadores, tuvo como objetivo la generación de energía limpia con un desarrollo local sostenible y asociativo, junto a un proceso de involucramiento temprano con la comunidad de Til Til.

De esta manera surge un vivero forestal para la propagación de árboles nativos, los que están siendo utilizados para la reforestación de 150 hectáreas de bosque. Este vivero emplea a personas de la comunidad, principalmente mujeres, quienes han sido capacitadas para ejercer este trabajo. Adicionalmente, se dotó a la comunidad de energía limpia y asequible al instalar de paneles fotovoltaicos en sus viviendas, los que fueron conectados al sistema de distribución, generando, además, un impacto directo en la disminución de cuentas de electricidad.

Cada una de estas iniciativas promueven el crecimiento económico de nuestro país y contribuyen a una serie de necesidades sociales, entre las que se encuentran, el acceso a energías limpias y con ello a la prevención del cambio climático, a una mejor calidad del aire y a la salud y bienestar de las comunidades donde nos insertamos. Asimismo, estos proyectos demuestran cómo las buenas prácticas ayudan a la mantención de la vida de los ecosistemas terrestres y cómo la industria energética tiene mucho que aportar en torno a innovación e infraestructura.

Todo lo anterior es reflejo del trabajo que nuestras empresas están realizando en los territorios y demuestra la importancia de la inversión que realizan en aquellos. Es por ello, que resulta importante destrabar ciertas barreras que aún persisten para progresar en este camino. Una de ellas es la dificultad para avanzar hacia el reconocimiento legal de la inversión local que las empresas realizan en el territorio como un gasto necesario para producir la renta. El no reconocimiento de éste por parte del Servicio de Impuestos Internos (SII), dificulta la inversión en los territorios. Esto, sin duda, permitiría generar mayores certezas, tanto a inversionistas como a las comunidades.

Por ello, creemos que deben buscarse mecanismos que permitan avanzar en esta materia. Una primera solución, podría ser la utilización de instrumentos ya disponibles como, por ejemplo, una adecuada interpretación del concepto de gasto necesario para producir la renta mediante una circular del SII que autorice a las empresas a efectuar aportes para el desarrollo local. Si bien esta es una medida posible, nos parece una acción provisoria que no asegura su permanencia en el tiempo, resultando una solución que entrega pocas certezas al inversionista y a las comunidades, pues dependerá siempre de la voluntad de la autoridad de turno.

Una propuesta más factible y sostenible en el tiempo, creemos  que debiese estar orientada a la institucionalización de mecanismos que permitan el establecimiento de  una especie de  fondo de desarrollo local, donde participen el gobierno regional a través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), los municipios, así como los programas específicos de ministerios como vivienda, obras públicas, salud, educación, energía y desarrollo social y en el que las empresas puedan efectuar aportes específicos para la concreción de los proyectos definidos por la comunidad.

Estimamos que la administración de estos recursos especialmente destinados a la concreción de proyectos específicos, debe ser realizada en forma coordinada entre el gobierno regional y los municipios. Sin embargo, existe un aspecto que debe resolverse y que dice relación a la forma en que las  comunidades, las empresas que realizan aportes, así como el gobierno regional y local participan de una gobernanza de las iniciativas, principalmente desde el punto de vista del control y rendición de cuentas del avance de los proyectos. En ese sentido, creemos que una buena alternativa podría estar en la utilización de las  corporaciones establecidas en la Ley N° 20.500, sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión Pública donde todos estos actores puedan participar  del seguimiento a la ejecución de los fondos, como controladores y auditores. A lo anterior, debe agregarse que un proceso exitoso de gobernanza debe estar necesariamente precedido de una metodología previa que permita la identificación anticipada de las iniciativas en que deberán invertirse los recursos, todo ello a través de procesos participativos que permitan contar con una cartera pre definida y de proyectos priorizados.

Lo anterior, implica aprovechar la institucionalidad actual, pero estableciendo nuevos sistemas de gobernanza donde puedan articularse ese tipo de soluciones. Adicionalmente, una opción concreta que nos permitiría avanzar más tempranamente en esa línea, es el necesario reconocimiento legal a ese tipo de inversiones, el que en lo posible debiera estar específicamente consagrado a nivel de rango legal en la ley de impuesto a la renta.

Estas soluciones no sólo beneficiarían a las empresas, sino también a las comunidades, ya que permitiría dar mayores certezas respecto a las inversiones de largo plazo comprometidas, contribuyendo de esta manera a alcanzar el desarrollo sostenible de los territorios.

 

 

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