Los presidentes de Iberdrola, E.ON, Enel, Gasterra, GDF Suez, ENI, RWE y GasNatural Fenosa se han reunido en Bruselas coincidiendo con el Consejo Europeo sobre energía y lucha contra el fraude fiscal para analizar los desafíos del sector y proponer “acciones adecuadas de política energética” a las autoridades.

Las ocho compañías creen que la política energética debería contar con mejoras en el diseño del mercado, incluyendo una estrategia europea común sobre mecanismos de capacidad para que las plantas de ciclo combinado sea digna y justamente retribuida. Este grupo de empresas pretende conseguir, además, el establecimiento de un mercado europeo de derechos de carbono capaz de apoyar tecnologías respetuosas con el clima mediante la fijación de “objetivos de emisiones ambiciosos pero a la vez realistas y estables más allá de 2020″.

El grupo de empresas energéticas ha criticado que la falta de concreción de la regulación sobre el sector “provocará una paralización de las inversiones que repercutirá negativamente en la seguridad de suministro, el empleo y la reactivación de la economía europea”. Por otro lado, demandan la necesidad de “fortalecer el marco regulatorio para reactivar las inversiones en tecnologías con futuro, como el almacenamiento de energía, las nuevas renovables, el gas no convencional, la captura y almacenamiento de CO2 y las redes y contadores inteligentes”. Las primas a las energías renovables son otro de los puntos que quieren incluir en el debate del Consejo Europeo.

El manifiesto ha sido firmado por los presidentes de Enel, Fulvio Conti; Iberdrola, Ignacio Galán; Gasterra, Gertjan Lank Horst; Gdf Suez, Gérard Mestrallet; ENI, Paolo Scaroni; RWE, Peter Terium; E.ON, Johannes Teyssen, y GasNatural Fenosa, Rafael Villaseca; quienes pretenden conseguir una política energética marcada por los principios de competitividad, seguridad de suministro y desarrollo sostenible” y en “la necesidad de liberalizar los mercados de energía”.

Para los representantes de las empresas, los líderes políticos de la UE deben asumir la crítica situación del sector y cuidar el papel que juegan las inversiones en el sector eléctrico, no solo para garantizar la seguridad de suministro sino también como motores del crecimiento económico eficiente mediante la creación de empleo. Por otro lado, pretenden hacer ver a las autoridades europeas la necesidad de “garantizar una energía competitiva para los clientes industriales y los ciudadanos” y en la realidad “que todas las empresas han experimentado en los últimos años”, en los que la política de alguno estados miembros “no ha producido todos los beneficios esperados”.

Fuente: www.energynews.es

El presente trabajo estima el impacto en el desempeño macroeconómico de Chile del atraso en las inversiones de generación eléctrica que ha caracterizado al sector en los últimos
años.

Comparando algunos escenarios, el resultado de la investigación muestra que el atraso de dichas inversiones representaría para el país, entre el año 2012 y el 2019, una pérdida del Producto Interno Bruto de una magnitud cercana al 6%, es decir, aproximadamente un año de crecimiento, con la consiguiente disminución en el consumo interno y la creación de empleo.

Asimismo, bajo escenarios alternativos, si el país asumiera a partir de hoy una política que fomente un desarrollo de inversiones eléctricas más acorde a los plazos eficientes, la mencionada pérdida podría disminuir a cerca de la mitad.

* El presente Estudio fue licitado y financiado por la Asociación Gremial de Generadoras de Chile. No obstante, la responsabilidad por el contenido recae exclusivamente en los investigadores firmantes.

El documento entrega una visión de las infracciones que han sido cometidas históricamente, sus tipologías y una serie de variables que constituyen información útil para gestionar estratégicamente las herramientas e instrumentos que la ley ha entregado a la SMA para asegurar el cumplimiento ambiental, ya sea a través de la promoción del cumplimiento de los regulados, así como también para elaborar los planes de fiscalización.

El objeto de estudio fueron los procesos sancionatorios asociados a las RCA aprobadas entre 1994 y 2011, y específicamente los cargos formulados y líneas de defensa argumentadas e indicadas en las resoluciones que inician y/o culminan dichos procesos.

Desde la entrada en vigencia del SEIA en 1997 y hasta finales de 2011, se instruyeron 1.315 procesos sancionatorios por incumplimiento de las normas y condiciones de proyectos evaluados a través de Estudios y Declaraciones de Impacto Ambiental. Estos procesos fueron iniciados en función de 918 proyectos o actividades sometidos al SEIA. De ese total, el 67% de los procedimientos sancionatorios se concentró en 3 sectores económicos: saneamiento ambiental (alcantarillado y agua potable, plantas de tratamiento de agua o residuos sólidos, etc); un 12% correspondió a actividades relativas a la minería y un 11% a proyectos relativos a pesca y acuicultura.

Los resultados respecto de los cargos formulados en el periodo analizado muestran que el 84% de ellos culminaron en la imposición de sanciones a los imputados, mientras que sólo el 10% de ellos fue absuelto. Un 5% de los casos fueron sobreseídos, mientras que en un 1%  aún se encontraba abierto el proceso de sanción.

Ver estudio sobre infracciones de RCA

Fuente: Superintendencia de Medio Ambiente, mayo 2013.

Las recientes declaraciones atribuidas a la ministra del Medio Ambiente, María Ignacia Benítez, respecto del compromiso voluntario adoptado en 2009 por Chile de reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en 20% al 2020 han generado una discusión relevante. Chile asumió ese compromiso hace cuatro años, sujeto a que existiera cooperación internacional para llevarlo a cabo, y luego fue ratificado por el actual gobierno ante la Convención de Naciones Unidas sobre Cambio Climático el año 2010. A la hora de tomar y ratificar este compromiso, sólo existieron estimaciones preliminares y estudios de tendencias de emisiones. No existe evidencia de ninguna evaluación económica que midiera los posibles efectos en crecimiento, empleo o competitividad para Chile de adoptar dicha medida. Tampoco se produjo ningún diálogo con los sectores productivos que son los que finalmente sufren las consecuencias de políticas que se toman en función de dichos compromisos internacionales. En los últimos años, hemos visto un avance mucho más lento de lo previsto de las negociaciones multilaterales sobre cambio climático. Muchos países relevantes, como Japón y Canadá, se han retirado del acuerdo de Kioto y los principales emisores de GEI (EEUU, China, India) o no lo suscribieron o no han querido asumir compromisos de reducciones de emisiones vinculantes. Hoy, sólo 14% de las emisiones de GEI está sujeta a un compromiso vinculante de reducción. En este último grupo está la Unión Europea, que vive por estos días probablemente la etapa final de su mercado de emisiones transables que puede ya calificarse de fracaso.

Nadie pone en duda que más allá de esta realidad, el mundo debe buscar nuevas formas de controlar las emisiones de gases de efecto invernadero, las cuales deben ser diseñadas sobre la base del principio de las responsabilidades comunes pero diferenciadas que debe obligar a los países más industrializados a asumir una carga mucho mayor que los países en desarrollo, tanto desde el punto de vista de las reducciones de emisiones como del financiamiento de las actividades de adaptación y mitigación de los países en vías de desarrollo. Mientras eso no se logre, no se ve claramente cuál es el sentido de autoimponerse obligaciones voluntarias excesivas, que afecten nuestra competitividad, reduzcan nuestro crecimiento y que no cuenten con el análisis de impacto económico y social para su apropiado diseño.

La autoridad informaría próximamente a la Convención de Naciones Unidas sobre la “línea base” proyectada a partir del 2007 sobre la que se mediría el cumplimiento de este compromiso voluntario de reducción (20% al 2020). Esperamos que para esta decisión esta vez sí se considere un proceso de información, diálogo y consulta con los sectores productivos del país. También esperamos que ello se produzca en las negociaciones que ya se han iniciado de un nuevo acuerdo o protocolo (no hay aún acuerdo en el tipo de instrumento) que reemplace el acuerdo de Kioto el 2015. Cualquier compromiso que nuestro país asuma en ese ámbito no puede hacerse sin un debate fundado y evaluaciones robustas que cuantifiquen los efectos para el país y consideren la experiencia internacional y las acciones de nuestros principales competidores. Es cierto que somos miembros de la OECD, pero somos un país en desarrollo que compite en otras condiciones y tiene un desafío de desarrollo muy distinto a los países de la Unión Europea, por ejemplo.

En este proceso de diálogo y discusión que debe darse, todos los actores podemos contribuir con información relevante. En la industria de la generación eléctrica nos hemos preparado para ello. El gobierno, por su parte, ha llevado adelante la iniciativa MAPS que también entregará insumos para que, en conjunto, podamos considerar las opciones de política que existen, evaluar adecuadamente sus efectos y tomar las decisiones más apropiadas para Chile y su desarrollo sustentable.

Fuente: La Tercera / 13 de mayo

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 René Muga