Como ha sido tantas veces remarcado, crecimiento económico y consumo eléctrico son dos caras de una misma moneda. A las tasas de crecimiento actuales, Chile duplicará su consumo en algo más de diez años. Lamentablemente, por múltiples razones ajenas a la industria –y por todos conocidas- actualmente no hay en construcción un número de centrales suficiente para abastecer totalmente el crecimiento proyectado de la demanda para la segunda mitad de esta década.

Esto es particularmente grave en el SIC, dónde se está construyendo menos de un 30% de la capacidad de generación que, de acuerdo a la recomendación de la CNE, debiera entrar en operación de aquí al año 2020. Para avanzar al mismo ritmo del crecimiento del consumo deberían ser agregados al SIC, todos los años, más de 400MW de capacidad termoeléctrica (lo que es más que una de las últimas centrales inauguradas en la octava región) o 600MW en centrales hidroeléctricas de pasada. Para producir la misma cantidad de energía (aunque no gestionable y por ello no comparable) se requerirían anualmente alrededor de 1500MW de generación eólica.

La situación es compleja y requiere de acciones concretas y urgentes por parte de todos los actores. Resulta fundamental lograr destrabar la construcción de una cartera de proyectos de energía de base que ya existe y es imprescindible para garantizar el suministro seguro y competitivo de electricidad y, como consecuencia, el crecimiento de Chile.

La autoridad puede y debe dar pasos concretos en ese sentido. Próximamente deberán ser publicadas bases para una nueva licitación de suministro a empresas distribuidoras. Esta es una oportunidad que debe ser aprovechada para generar los incentivos adecuados que permitan la adjudicación de oferta a precios competitivos en un contexto de contratación de largo plazo.

Existen además otras vías. En materia de tramitación de permisos, hay espacio para agilizar procesos y plazos, y mejorar la gestión. En materia regulatoria, se debiera avanzar en la reglamentación del Convenio 169, publicar el nuevo reglamento del SEIA y resolver con rapidez temas pendientes en manos del Ministerio de Energía, la CNE y la SEC, lo que ayudaría a generar mayor estabilidad regulatoria. En materia legislativa, esperamos sea aprobado a la brevedad el proyecto de ley de concesiones eléctricas, aunque con las adecuaciones necesarias para que él cumpla su objetivo en la práctica.

Finalmente, debe ser definida la manera más apropiada para incorporar una mayor oferta de energía renovable no convencional, de forma competitiva y sin producir distorsiones en el mercado o mayores costos de generación eléctrica para el país.

El desarrollo eléctrico debe entenderse como una política de largo plazo, es decir, como una “política de Estado”. En ello tenemos mucho que avanzar todavía. Sin embargo, el difícil escenario que enfrentamos para los próximos años en el SIC (que puede agravarse si se prolonga la sequía) exige preocuparse especialmente de una serie de situaciones coyunturales, cuyo origen es exógeno a la voluntad de los agentes del mercado y que están afectando un pilar fundamental de nuestra economía.

Las acciones que se tomen hoy tardarán varios años en madurar. Por esto, debe existir un compromiso activo de la autoridad –pero también de todos los demás actores– con el desarrollo de la inversión en generación, la seguridad jurídica y la estabilidad regulatoria, la sustentabilidad y la protección del medio ambiente. Sólo así evitaremos las negativas consecuencias que tendrá para toda la sociedad el no avanzar oportunamente en la construcción de la infraestructura de generación que Chile necesita.